Malvinas, 40 años. (1)

Caramelos o Acero…

En 1981 la dictadura militar necesitaba logros que permitieran revertir la pérdida del consenso inicial, jaqueado por una aguda crisis económica que no descubría como resolver y por el agotamiento de la clausura política y social sustentados en los dispositivos del terror. Con distintas dinámicas y niveles de confrontación, tanto el movimiento de derechos humanos, como la Multipartidaria y el movimiento obrero comenzaron a encontrar brechas por donde cuestionar el poder militar y mostrar su oposición al poder dictatorial.

Fue durante el breve gobierno del dictador Viola cuando Galtieri y Anaya, desde la Junta Militar, reactualizaron el objetivo de la ocupación de la islas Malvinas como una alternativa tentadora, ya que satisfacía los propósitos políticos de corto y largo plazo de la dictadura, como la de restablecer la posición dominante de los militares en la política nacional, uno de los planes fundacionales a los que los dictadores no habían renunciado.

La destitución de Viola alineó detrás de este objetivo tanto a la Junta como al poder ejecutivo, ahora en manos del propio Galtieri.

En enero de 1982 la Junta Militar aprobó una Directiva ‘secreta’ de Estrategia Nacional en la que resolvió utilizar el poder militar para obtener el objetivo político, la recuperación de Malvinas. Ello implicaba agotar el camino de la negociación diplomática y al mismo tiempo iniciar la preparación de la vía militar.

En este marco se produjo fines de febrero nuevos encuentros de negociación con el Reino Unido, conversaciones previstas desde tiempo antes, entre representantes argentinos e ingleses. Los ingleses no alteraron su posición en materia de soberanía y el canciller Carrington reiteró la postura de sólo admitir cambios que tuvieran en cuenta los deseos de los isleños.

En ese contexto, la cancillería argentina dio por agotadas las negociaciones. Para los ingleses no representó más que un momento de tensión.

El empujón siguiente lo dio el incidente en las Islas Georgias. Pero antes de llegar a ese momento, la dinámica interna de la Argentina mostró nuevas preocupaciones al gobierno militar (lo que veremos en la próxima entrega).

Como puede observarse en la nota de Clarín del 18 de febrero ya ‘las fuentes diplomáticas’ a las que accedió el diario anticipaban los difíciles contornos en los que estaba circunscripta la reunión.

Por un lado, el canciller argentino, Nicanor Costa Méndez, caracterizado como un ‘duro’ en relación con Malvinas, era integrante del reducido grupo (con la Junta Militar) que estableció que en 1982 se agotaba el plazo de las negociaciones y se preparaba la vía militar como alternativa.

Y por el otro, la posición británica, que reducía toda posibilidad de negociación con la Argentina, a la aprobación del ‘Concejo de las Malvinas’, es decir, la opinión de los isleños.

Puede observarse además que el conflicto por el Beagle aún continuaba abierto y esa era la nota destacada de la página de ese día; todo un indicio del secretismo con que aún manejaba la dictadura la posibilidad de escalar el conflicto por Malvinas.

En la nota sobre el presupuesto militar argentino (4.000 millones de dólares para ese año, La Nación del 23 de febrero de 1982) nos permite dos lecturas.

La primera es sobre la política económica del Ministro de Hacienda de Galtieri, Roberto Alemann. Es conocido que este funcionario asume con la idea de acelerar el programa neoliberal iniciado por Martínez de Hoz, lo que incluye un programa privatizador de empresas públicas y de reducción del gasto fiscal. En esa línea, lo que se está anunciando es una reducción en 400 millones de dólares del presupuesto militar, que desde 1978 viene escalando año tras año. La segunda cuestión es el incremento en el volumen de compras de equipamiento militar. De hecho, la Argentina se había convertido en uno de los actores de una escalada armamentística en Sudamérica y existía el propósito de posicionarse como una potencia militar regional. La adquisición de equipamiento militar en Europa e Israel son noticias recurrentes en la prensa de esos años.

Así que con una hipótesis de conflicto bélico en puerta, la Junta Militar adopta un programa privatizador, que incluía el complejo industrial de Fabricaciones Militares, y de reducción del gasto público que incluyó el presupuesto militar.