Malvinas, 40 años (II)

Marzo se calienta.

Mientras la Junta Militar ya se había definido por la opción militar para recuperar Malvinas en 1982 y había endurecido el tablero de las negociaciones diplomáticas, los tiempos internos de la dictadura se agostaban.

Uno y otro tema estaban inextricablemente relacionados en los militares que habían desplazado a Viola en diciembre de 1982, pero el giro que le imprimió Galtieri a la dictadura no hizo más que avivar el fuego de las oposiciones crecientes. Las tímidas movilizaciones que habían encarnado en diversas capas sociales durante 1981 cobraban mayor volumen para este marzo de 1982.

Y no es para menos. El duro programa neoliberal que anunciaba Alemann despertaba oposiciones de todo tipo. Empresarios industriales, productores agropecuarios de las economías regionales extrapampeanas, comerciantes, trabajadores, movimientos vecinales, jubilados, todos tenían algo que reclamar pero se encontraban con una posición inflexible en el Ministerio de Hacienda. Como habíamos visto en la primera entrega, ni el presupuesto militar se salvaba de estas políticas, aun con una hipótesis bélica en marcha.

En los primeros días de marzo la CGT se declara en ‘Cesión permanente’ (Clarín, 5 de marzo de 1982). Ubaldini indica que la central sindical se suma a ‘la protesta generalizada’ en la que se encuentra la sociedad argentina y encara una serie de conversaciones para coordinar las movilizaciones.

La gravedad de la situación social es también expuesta por el dirigente radical Juan Carlos Pugliese, quien alerta sobre la posibilidad de un ‘estallido social’, concepto que remite en ese entonces, a las insurrecciones populares que habían derrotado a la dictadura de la Revolución Argentina (1966-1973). No es menor entonces, la mención que hace Pugliese del accionar ‘subterráneo de la subversión’. Una aseveración que no sólo provoca escozor hoy, sino que resuena como una provocación al dispositivo genocida. (Clarín, 7 de marzo de 1982)

Más allá de los propósitos de Pugliese, la información sobre las movilizaciones moleculares prorrumpe en la información pública a partir de la acción represiva. Este indicio está claramente planteado en la crónica sobre la ‘liberación de 28 detenidos’ (Clarín, 7 de marzo). Aquí vemos como la convocatoria de la CGT es impulsada en una volanteada de la JP en la zona de Once, con una clara oposición al programa neoliberal. ’Basta de entrega del patrimonio nacional’ filtra en el medio de esta información del accionar represivo, la crónica de esta movilización. De la misma manera, el movimiento de Derechos Humanos realizó una acción pública en Corrientes y Florida. El desafío reviste un carácter distintivo a la ronda en la plaza de Mayo.

Y ambas acciones públicas exceden el marco de los reclamos sectoriales, mayormente tolerados desde la gestión Viola.

Esta escalada tiene como motivo la situación extremadamente critica en términos económicos. Dos notas aparecidas en la primera quincena de marzo son ilustrativas de las bases sobre las cuales se producía el programa neoliberal.

Los salarios cayeron un 18 % promedio en 1981 (Clarín, 10 de marzo) y el PBI se redujo en un 6,1 % (10 marzo), datos que remiten al cimbronazo que produjo la política de Martínez de Hoz y que en 1982 la dictadura se proponía volver a impulsar.

Esto permite comprender la relación entre el 2 de abril con las movilizaciones del 30 de marzo en un plano más amplio que causa y efecto.

Pero para llegar al 2 de abril aún nos falta una nueva estación: el incidente en las Georgias.

Cerramos esta crónica con la imagen estremecedora de los despidos en Ford y la planta custodiada por militares y policías (La Nación, 20 de marzo de 1982)

. Una síntesis perfecta de la dictadura.